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“La comunidad científica confirma que no hay peligro, porque hay una descarga continua de energía. La situación es favorable”. Esas palabras, pronunciadas el 31 de marzo de 2009 por el presidente del Comité de Grandes Riesgos de Italia, Bernardo De Bernardinis, condensan los motivos por los que la justicia ha decidido condenar a seis años de prisión a un técnico gubernamental y a seis científicos por homicidio en el terremoto de L’Aquila. El comité científico creado por Berlusconi había minimizado los riesgos de un sismo grave en la ciudad, pero en la madrugada del 6 de abril un seísmo de magnitud 6,3 tumbó numerosos edificios, llevándose las vidas de 309 personas.

¿Puede predecirse un seísmo? ¿Puede culparse a los expertos de sus devastadoras consecuencias? “Hasta un niño de seis años sabe que un terremoto no puede predecirse”, dijo el fiscal del caso, Fabio Picuti, quien pidió cuatro años de cárcel  para los siete miembros del Comité de Grandes Riesgos. Picuti no acusa a los expertos de fallar al predecir el seísmo, sino de hacer un análisis de riesgos “defectuoso, inadecuado, negligente y engañoso”, lo que supuso darle información incorrecta a los ciudadanos.

“Los científicos tenían que evaluar si la secuencia sísmica podría considerarse un acontecimiento precursor, para evaluar los daños y discutir la forma de mitigar los riesgos”, aseguró el fiscal. La prensa difundió las conversaciones de los sentenciados en la víspera de la reunión, en las que hablaban sin tapujos de que su intención era la de apaciguar a la opinión pública y a los medios.

Siempre según el fiscal, los técnicos no compartieron ni con Protección Civil ni con la población la existencia de varios estudios que advertían de la posibilidad de un terremoto grave en la zona: ”Fueron víctimas de los sismólogos; si lo hubieran sabido, probablemente hubieran actuado de otra manera”. Eso mismo ha considerado el tribunal.

Sin embargo, ninguno de los expertos consultados comparte la idea de que se puede culpar a los expertos por las consecuencias de un terremoto. El responsable de la Red Sísmica española, Emilio Carreño, asegura que “no se puede encarcelar a un sismólogo por no haber tenido en cuenta los informes que anunciaban algo inminente”. “La sentencia es absolutamente injusta, no se puede predecir los terremotos; ni cuándo, ni dónde, ni aun menos la magnitud”.

Los problemas de la evacuación

En L’Aquila, como recientemente en El Hierro (Canarias), la población llevaba semanas sintiendo numerosos episodios sísmicos de menor magnitud. “Fue muy fácil optar por evacuar un pueblito de El Hierro porque la población es pequeña y se producen pocos trastornos, pero no se pueden evacuar ciudades por este motivo: hay que saber vivir con el riesgo”, defiende Carreño. ¿Le temblará el pulso a los expertos a partir de ahora? “Claro, se ha hecho un flaco favor a la sociedad y la ciencia; esta sentencia solo sirve para coartar a los científicos”.

Los expertos coinciden en que su papel es el de tranquilizar a la población, sin mentir, pero tampoco creando alarmas innecesarias. Es lo que asegura el presidente del Colegio de Geólogos, Luis Suárez, a quien esta sentencia le parece “una decisión sin precedentes. Una cosa es encausar a alguien por no realizar debidamente una política preventiva, como edificar teniendo en cuenta el mapa de riesgos naturales, que incluye los sísmicos”, explica el geólogo. Suárez, sin embargo, considera injusto que se actúe contra el experto, porque “si está en un organismo público tiene la obligación de dar la cara y realizar su evaluación”.

Cuando se inició el proceso judicial, el presidente de la Sociedad Americana para el Avance de la Ciencia, Alan Leshner, escribió al presidente italiano, Giorgio Napolitano, en nombre de la sociedad científica más grande del mundo para recordarle que “no hay método científico para prevenir terremotos”, por lo que es “injusto e ingenuo” inculpar a los científicos. Además, advertía Leshner, una sentencia condenatoria podría tener consecuencias fatales en la futura implicación de la ciencia en los asuntos que atañen a la sociedad.

“He leído las actas de la reunión de la Comisión de Grandes Riesgos del 31 de marzo y la información científica que se transmitió en esa reunión no era inexacta, incompleta o contradictoria. Era clara, precisa y medida científicamente”, asegura el experto de la Universidad de Oxford Richard Walters al servicio de información científica Science Media Center. “La fiscalía no ha sabido distinguir entre los actos de cada uno de los distintos acusados. Es una farsa ser encarcelado por los errores de comunicación de otras personas o por sus malos consejos científicos”, explica Walters.

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