La pesca pirata de Sierra Leona entra a la UE por Las Palmas

Un informe de una ONG británica denuncia que millones de euros de pescado capturado ilegalmente en el segundo país más pobre del mundo han entrado a los mercados europeos por Canarias

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Un buque de pesca pirata, frente a las costas de Sierra Leona / Andy Hickman/EJF

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Si algunos europeos supieran de dónde procede el pescado que consumen a veces, lo escupirían. Millones de euros de pescado capturado ilegalmente en las costas de Sierra Leona han entrado en los últimos años en los mercados de la UE por el puerto de Las Palmas, según denuncia una investigación de 18 meses llevada a cabo por la Fundación para la Justicia Medioambiental.

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Esta organización, con sede en Londres, cazó a cuatro buques de arrastre surcoreanos pescando ilegalmente frente a las costas de Sierra Leona entre enero y marzo de 2011. Eran zonas reservadas para los pescadores artesanales y, además, los barcos surcoreanos llevaban redes de arrastre prohibidas por destruir los fondos marinos. La tripulación de uno de los buques, denuncia la ONG, llegó a agredir con una barra de hierro a un pescador local cuando sus anzuelos se engancharon en las redes.

Estos barcos surcoreanos, que en ocasiones actúan tapando su identificación, descargaron sus capturas en alta mar al carguero frigorífico Seta 73, un buque de bandera panameña que cubre regularmente el trayecto entre Angola y Las Palmas, cargando pescado por el camino. Y el Seta 73 llegó a España, con unas 300 toneladas de peces esquilmados en zonas ilegales de Sierra Leona, el segundo país más pobre del mundo. Pese a las denuncias de la ONG, el pescado acabó llegando a los mercados españoles tras cuatro meses parado en el puerto.

Piratería fotografiada y filmada

Entre enero de 2010 y julio de 2012, una lancha de la fundación consiguió filmar y fotografiar a 10 buques pescando ilegalmente en aguas de Sierra Leona. Nueve de ellos tenían permiso para exportar sus capturas a la UE, según el informe, titulado La pesca pirata, al descubierto.

El buque panameño Seta 73, acusado de pesca ilegal, atracado en Las Palmas / EJF

Cada año, esta rapiña supone unas pérdidas de más de 22 millones de euros para Sierra Leona, calcula la ONG. “Al destruir las artes de pesca artesanales y pescar de manera destructiva en zonas costeras, incluso atacando a los pescadores locales, los buques piratas ponen en peligro las vidas y los medios de subsistencia de las comunidades costeras, que tienen pocas fuentes alternativas de alimento y de ingresos económicos”, alerta el informe.

“El puerto de Las Palmas tiene un historial bastante negativo como entrada de la pesca pirata, pero desde el caso del Seta 73 ha mejorado bastante los controles”, subraya la abogada española Mercedes Roselló, que trabaja en Londres para la Fundación para la Justicia Medioambiental. Recientemente, las autoridades portuarias rechazaron un cargamento ilegal de 28 toneladas, según el informe de la ONG.

Una legislación con lagunas

La abogada recuerda que la legislación aprobada en 2010 por la UE para combatir la pesca ilegal deja la responsabilidad de certificar la legalidad de un cargamento al país en el que el barco está registrado. “El sistema de abanderamiento actual enmascara la nacionalidad auténtica de los barcos, que pueden ser chinos, japoneses, surcoreanos o europeos, pero llevan banderas de Panamá, Belice o incluso de Mongolia, que no tiene mar. La legislación que imponen estos países que venden barata su bandera es bastante deficiente”, critica Roselló.

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Con estas banderas, los operadores de los barcos se saltan la obligación de llevar un sistema de localización por satélite que imponen la UE y otros países a sus barcos. La mitad del pescado que llega a los puertos españoles en buques ajenos a la UE llega en barcos con bandera de Panamá, según los datos suministrados a la fundación en marzo de 2011 por el entonces Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Son 106.000 toneladas de pescado que llegan a España cada año con la sospechosa bandera de Panamá.

La ONG exige la creación de un registro obligatorio para buques pesqueros, con un número visible y fijo, para que los barcos no puedan cambiar constantemente de bandera y de nombre con total impunidad, impidiendo su inclusión en listas negras de piratas como la que ha puesto en marcha la UE. “Estos registros ya existen en la Organización Marítima Internacional para buques de pasajeros o de mercancías, pero no para la pesca”, lamenta Roselló.

Un puerto que lucha contra su situación geográfica

La abogada Mercedes Roselló insiste en que Las Palmas no es un coladero para la pesca ilegal, sino un puerto obligado a lidiar con este problema por su situación geográfica. En junio, el director ejecutivo de la Fundación para la Justicia Medioambiental, Steve Trent, escribió al presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, para agradecerle su “apoyo activo” para frenar la entrada de pescado pirata procedente de África Occidental.

Raúl Pérez, responsable del comité constituido en el puerto para tratar la actividad de la pesca procedente de terceros países, destaca que controlan el acceso de los buques y la descarga del pescado cumpliendo con la legislación nacional y comunitaria. “Entendemos que desde el punto de vista del control de la pesca es una ventaja que estos productos se descarguen concretamente en este puerto. Quizás habría que esforzarse en buscar otras fórmulas de control más efectivas, pero en los países de origen”, opina Pérez.

La abogada de la fundación reconoce que, pese al “mal historial” del puerto de Las Palmas, la mejora en los controles en el último año ha hecho que la pesca ilegal entre “en mayor medida por puertos más anónimos, en parte también debido al mayor tráfico de pescado a través de buques portacontenedores”.

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