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Los japoneses están perdiendo su fe en la ciencia y la tecnología, quizá una de sus peculiaridades culturales más representativas. Tras la crisis del terremoto de marzo de 2011, el colapso de Fukushima y sus consecuencias, la fiabilidad de los científicos está en entredicho. Esta semana, un artículo publicado en la revista Science alerta ante esta peligrosa circunstancia. Dada la importancia creciente de las decisiones políticas basadas en los conocimientos que aporta la ciencia, los autores llaman a que la situación se reoriente cuanto antes.

Noviembre de 2010, pocos meses antes de la tragedia: el 84,5% de los japoneses asegura confiar en lo que dicen los científicos, frente a un residual 5,2 que recela de ellos, según el Libro Blanco de la Ciencia y la Tecnología del Gobierno japonés (PDF). Abril de 2011, un mes después de la catástrofe: sólo el 40,6% de los nipones se fía de la gente de la ciencia y la proporción de recelosos se multiplica hasta el 28,2%.

“En la amarga lucha de la nación para recuperarse, los científicos a veces crearon confusión al suministrar recomendaciones divergentes sobre la evacuación, la seguridad alimentaria, y la limpieza [de Fukushima]“, aseguran los expertos que firman el artículo, responsables del Centro para la Estrategia de Investigación y Desarrollo de Japón.

“Por ejemplo, Toshiso Kosako, profesor de la Universidad de Tokio, protestó entre lágrimas en una conferencia de prensa el 29 de abril de 2011 asegurando que los límites legales para los patios escolares contaminados por la radiación eran demasiado indulgentes e injustificados, y renunció a su puesto de asesor del Gobierno”, recuerda por email uno de los dos firmantes del artículo, Tateo Arimoto, director del Instituto de Investigación en Ciencia y Tecnología para la Sociedad.

“Este episodio”, continua Arimoto, “creó una gran confusión entre el público, pero es importante señalar que el Gobierno japonés también fue responsable de la confusión por no tener establecidos códigos de conducta sobre las relaciones entre la ciencia y la administración”.

En el otro extremo, la imparcialidad de los asesores “se tambaleó cuando la gente comenzó a sospechar que algunos de ellos respaldaban con demasiada facilidad las ideas del Gobierno”. Además, “las sociedades científicas no tuvieron acceso a información crucial y no pudieron intervenir de forma estable”, critican en Science. De ahí que hace tres años los japoneses creyeran mayoritariamente (78%) que la dirección de las políticas de I+D debían estar en manos de expertos técnicos y que ahora este apoyo haya menguado a casi la mitad (45%) (ver gráfico).

Parcialidad atómica

A todo este guirigay, se sumó un obstáculo añadido: la falta de neutralidad que rodea a todo lo relacionado con la energía atómica. “Es un problema. Para cualquier científico no es fácil ser totalmente objetivo y neutral, pero en lo que se refiere a la energía nuclear el problema es especialmente grave debido a la magnitud de sus posibles consecuencias”, asegura Arimoto. Y añade: “A la falta de objetividad y neutralidad de los científicos en sí se suma también la percepción pública que puede perjudicar la correcta toma de decisiones”.

Es un problema la falta de objetividad en lo que se refiere a la energía nuclear

No es la primera vez que se da un fenómeno similar en la historia moderna ya que determinadas crisis (pandemias como la gripe aviar o el origen de la bacteria E.coli) que tardan en solucionarse pueden terminar crispando los nervios de la opinión pública, que se gira con recelo hacia el equipo que deberían formar científicos y políticos cuando no dan respuesta inmediata a desaguisados.

Es lo que ocurrió en los años 1990 en el Reino Unido durante la epidemia de la encefalopatía espongiforme bovina y que despertó un debate público sobre la toma de decisiones en casos en los que los poderes científicos y ejecutivos deben funcionar como un reloj.

En respuesta a las crecientes críticas de que el conocimiento científico no se refleja adecuadamente en las decisiones políticas, el Gobierno británico formuló un conjunto de reglas, completadas en 2010, que señalan que la administración debe respetar la experiencia profesional de los asesores científicos y, a su vez, estos expertos deben respetar los procesos democráticos y entender que la ciencia es sólo una parte de las evidencias que los responsables políticos han de tener en cuenta en sus decisiones, según explican los autores.

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REFERENCIA

DOI:10.1126/science.1224004

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