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En un año de recortes brutales para la ciencia, con un tijeretazo de un 25%, España lucha contra el reloj para no desaprovechar otros 1.700 millones de euros concedidos por la UE para proyectos españoles de I+D. En 2007, Bruselas comprometió 2.250 millones de euros a la promoción de la I+D+i empresarial en España para el periodo 2007-2013. El objetivo era sacar a nuestro país del monopolio del ladrillo.

Cinco años después, España sólo ha ejecutado 547 millones de euros, apenas el 24% del total, según datos del Ministerio de Hacienda a los que ha tenido acceso MATERIA. Y si no se gastan, hay que devolverlos. Una parte de esos 1.700 millones de euros para I+D sin usar pueden volver a Bruselas si no se pisa ya el acelerador. La fecha límite es el 31 de diciembre de 2015, cuando los gastos de este programa dejarán de ser subvencionables por la UE.

Este dinero para I+D no es una abstracción. Entre los cientos de beneficiarios de las ayudas europeas figuran un proyecto de PharmaMar para desarrollar compuestos anticancerígenos de origen marino, los nuevos laboratorios para biocombustibles de la Compañía Española de Petróleos y un plan de Acciona para diseñar molinos eólicos flotantes.

También se han aprovechado del dinero de la UE empresas como la biofarmacéutica Cellerix, que desarrolla piel humana artificial, o Iberdrola, que busca un método para controlar las plagas de mejillón cebra que taponan las tuberías de agua de la central nuclear de Garoña.

Fuentes del Ministerio de Hacienda elevan el 24% de ejecución al 35%, al incluir un pago anticipado que efectúa la Comisión Europea sin necesidad de que el Estado miembro justifique previamente la realización de gastos. Además, Hacienda, para “acelerar la ejecución” ha decidido incluir grandes proyectos, para los que este dinero de la UE no estaba pensando, como el Anillo Ferroviario para Ensayos y Experimentación de Antequera (Málaga) de la empresa pública ADIF y el buque Ramón Margalef, del Instituto Español de Oceanografía.

Fuentes del Ministerio de Economía y Competitividad, al que está adscrita la I+D, critican que “Hacienda está haciendo todo lo que puede para decir que España lo está haciendo bien” y critican su “falta de transparencia” al suministrar estos datos.

Situación kafkiana

Los 2.250 millones de la UE para I+D forman parte del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y componen el llamado Fondo Tecnológico, una inmensa hucha destinada a mejorar la competitividad de las empresas españolas. El 70% de este dinero europeo debería ir a las regiones con menor renta per cápita del país -Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Galicia-, pero hay dificultades y la situación es kafkiana: la UE intenta cofinanciar proyectos de investigación, pero como muchas empresas españolas no tienen dinero para poner su parte, las ayudas se pueden perder.

“Hay preocupación”, reconoce Carmen Vela, secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación. “Según los últimos datos se ha ejecutado menos del 25%. El dinero se puede perder en algunas regiones, y tendría delito”, lamenta la responsable de Ciencia. El pedazo del pastel de 1.700 millones de la UE que está en el aire se sumaría a los casi 2.200 millones de euros recortados este año por el Gobierno de Mariano Rajoy en los presupuestos para I+D.

En el gabinete del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, también hay inquietud ante la escasa ejecución y temor a que parte del dinero europeo se esfume. Para intentar evitar el desastre, Hacienda, responsable de la gestión del Fondo Tecnológico, ha lanzado un plan de acción para ejecutarlo. Lo que está en juego es monumental. La UE calculaba que las inversiones producirían más de 17.000 proyectos de I+D en España, así como la creación de 15 centros de investigación y 615 puestos de trabajo, según la Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea.

Empresas sin dinero para I+D

En la presentación del plan de acción el 25 de abril, María Muñoz, de la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda, puso en duda la viabilidad de la “concentración financiera extrema” en Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Galicia. Para Muñoz, las “dificultades de absorción” se deben a “un exceso de fondos en términos absolutos”, a que “algunas empresas o zonas han alcanzado su techo de inversión” y a la escasa oferta de proyectos de I+D debido a la crisis.

Además, Hacienda denuncia un laberinto burocrático, pensado para pocos y grandes proyectos de infraestructuras, los habituales del FEDER, pero inadecuado para pequeños proyectos de I+D. Desde que el beneficiario certifica un euro de gasto hasta que lo recibe en su cuenta transcurren entre 6 y 24 meses.

El impacto de la crisis sobre la ejecución del Fondo Tecnológico ha sido brutal. Por un lado, la capacidad financiera de las empresas, especialmente de las pyme, está bajo mínimos, sobre todo en Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Galicia. A su vez, muchas empresas han reducido su volumen de fondos para I+D como reacción a la crisis económica. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, el gasto empresarial en I+D disminuyó un 5,4% en 2011 respecto al año anterior.

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